Defender el territorio en México necesita respuestas colectivas ante la violencia y el despojo
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Defender el territorio en México necesita respuestas colectivas ante la violencia y el despojo
Cuatro activistas reflexionaron sobre los retos de la defensa territorial en México durante un conversatorio en el ITESO. Desde distintos ámbitos de acción destacaron el valor de la organización comunitaria y el trabajo colectivo para proteger los ecosistemas y fortalecer el tejido social.
Diana Alonso
De acuerdo con datos de la organización Educa, al menos 77 activistas han sido víctimas de homicidio o desaparición en México desde el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, lo que equivale a aproximadamente tres agresiones al mes. Las causas que enfrentan mayores niveles de violencia son la defensa de los derechos civiles, la búsqueda de verdad y justicia, y la defensa del territorio, ámbito que concentra alrededor de 30 por ciento de las víctimas registradas.
Lo único que evitó que Erik Saracho, director de Alianza Jaguar, AC, se sumara a estas fatales estadísticas fue su brazo derecho, con el que logró proteger su rostro de las balas la mañana del 11 de marzo de 2026, cuando intentaron asesinarlo afuera de su domicilio en San Francisco, Nayarit.
Han pasado más de ocho meses desde el atentado y las autoridades aún no han logrado identificar a los autores materiales e intelectuales del intento de homicidio. La falta de avances por parte de la fiscalía, sumada a la constante criminalización que enfrentaban él y sus compañeros de lucha por oponerse a proyectos inmobiliarios que operaban sin la correspondiente Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) e invadían ilegalmente la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), obligó al ambientalista a desplazarse y abandonar el territorio que había defendido durante años.
Saracho compartió esta experiencia durante el panel “Aprendamos a Defender: conversatorio con cuatro personas defensoras, sus estrategias y experiencias”, organizado por el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia (CUDJ) Francisco Suárez, SJ, del ITESO. En esta actividad también participaron Denis Ávila, coordinadora de litigio ambiental y vinculación en el Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Rodolfo González, integrante del Grupo de agricultura orgánica del Municipio Agroecológico de El Limón, y Pablo Montaño, director de Conexiones Climáticas, AC.
Aquella tarde, en el Auditorio Pedro Arrupe SJ, Saracho se dirigió a los asistentes de pie, aunque limitado por una férula que le cubría desde la muñeca hasta el hombro. El aparato muestra las secuelas de la agresión y un doloroso hecho: América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el territorio. De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness, 105 de los 124 asesinatos de personas defensoras documentados a nivel mundial en 2025 ocurrieron en esta región, que concentró 85 por ciento de los crímenes registrados.
Saracho dedicó poco tiempo a hablar sobre el atentado. En su lugar, se enfocó en los efectos que tuvo en la comunidad. Relató que la agresión provocó que más personas se acercaran a los colectivos ambientales y se interesaran por los procesos de defensa. Para muchos habitantes, el ataque confirmó la importancia de proteger un territorio que se encontraba bajo fuertes presiones económicas.
La agresión también atrajo la atención de medios de comunicación, organizaciones civiles y personas defensoras de distintas regiones del país. A partir de ese hecho, los conflictos relacionados con el desarrollo inmobiliario en la costa nayarita comenzaron a recibir una mayor visibilidad pública.
Para Saracho, quién es egresado de Ciencias de la Comunicación del ITESO, una de las principales lecciones de estos procesos es que la defensa del territorio difícilmente puede sostenerse de manera individual. Durante su intervención insistió en que los problemas ambientales están atravesados por intereses económicos, políticos y sociales complejos, por lo que requieren respuestas colectivas y de largo plazo.
El activista subrayó la importancia de generar conocimiento sobre los ecosistemas que se busca proteger. Explicó que las personas defensoras necesitan herramientas para comprender el valor ambiental y social de los territorios, así como evidencia que respalde sus demandas ante autoridades y empresas.
Como ejemplo mencionó el trabajo que realiza Alianza Jaguar. A través del monitoreo científico y del estudio de las rutas de desplazamiento de estos felinos, la organización ha reunido información que le permitió impulsar la construcción de pasos de fauna en algunas de las principales carreteras de la región.
Esta visión fue compartida por Denis Ávila, quien señaló que la defensa del territorio requiere mucho más que conocimientos jurídicos. "La defensa del territorio no necesita más abogados ni más personas que sepan leyes, sino más personas conscientes de que tienen derechos, de que pueden exigirlos y, sobre todo, de que pueden organizarse", afirmó.
Desde su experiencia, el derecho puede ser una herramienta para fortalecer los procesos comunitarios, pero no para sustituirlos. Por ello consideró necesario buscar formas creativas de enfrentar conflictos que con frecuencia rebasan los mecanismos institucionales existentes.
Ávila no se asume como una defensora del territorio en sentido estricto. Más bien, se define como una acompañante de comunidades y colectivos que viven directamente estos conflictos. Su labor, explicó, consiste en aportar herramientas jurídicas que fortalezcan la autonomía de los procesos organizativos y la capacidad de las comunidades para tomar decisiones sobre sus territorios.
Decisiones como las que tomó la comunidad de El Limón, en el suroeste de Jalisco, que llevaron a este municipio a convertirse en el primero del país en declararse agroecológico. Rodolfo González relató cómo la defensa del territorio puede construirse desde la organización comunitaria y la producción de alimentos.
Sus primeros recuerdos transcurren entre las milpas y caminos rodeados de árboles. Sin embargo, ese paisaje comenzó a transformarse con la llegada de políticas que impulsaron la agricultura industrial, el uso de agroquímicos y la producción orientada a mercados cada vez más amplios. Lo que antes estaba pensado para el autoconsumo y la subsistencia campesina se convirtió gradualmente en una actividad que respondía a las exigencias del mercado global. "Lo que vivimos fueron políticas públicas de despojo que favorecieron un modelo de producción ajeno a las necesidades de las comunidades".
Con el paso de los años, las consecuencias de ese modelo comenzaron a hacerse visibles. Entre ellas se encuentran la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la expansión de los monocultivos y problemas de salud en las comunidades de la región. Estudios realizados en localidades vecinas detectaron la presencia de glifosato y otros compuestos químicos en muestras de orina de niñas y niños expuestos de forma cotidiana a estos entornos agrícolas.
Ante este panorama, habitantes, productores, escuelas, organizaciones civiles y autoridades locales comenzaron a replantear la forma en que se relacionaban con la tierra. De manera gradual impulsaron la recuperación de semillas nativas, promovieron prácticas agroecológicas y fortalecieron espacios de organización comunitaria orientados a reducir la dependencia de agroquímicos y preservar la biodiversidad del municipio.
Hoy, los habitantes de El Limón impulsan iniciativas de producción sostenible, conservación ambiental y educación comunitaria que buscan demostrar que existen alternativas al modelo agrícola predominante. “Es la verdadera vanguardia: regresar a esa raíz, a esa milpa, a ese policultivo”.
Egresado de Ciencias Políticas y Gestión Pública del ITESO, Pablo Montaño destacó que, aunque muchas luchas territoriales pueden parecer pequeñas frente al poder económico y político de empresas, megaproyectos e incluso gobiernos, la experiencia demuestra que la organización colectiva puede marcar una diferencia.
Montaño mencionó casos como los del Río Santa Catalina en Nuevo León y Bahía de Ohuira, ubicada en Topolobampo, Sinaloa, experiencias de resistencia territorial que, gracias a la movilización social y la articulación entre comunidades, lograron detener o modificar proyectos con posibles impactos ambientales y sociales. “Es superfácil que nos quiten lo que no sabemos que está ahí”, dijo.
Para él, estos esfuerzos muestran que aún existen alternativas frente a modelos de desarrollo que priorizan la explotación de los recursos por encima de las necesidades de las poblaciones que habitan los territorios.
Ya fuera mediante la organización comunitaria, la investigación científica, el acompañamiento jurídico, la comunicación de los conflictos ambientales o la construcción de alternativas productivas sostenibles, los panelistas invitaron a los asistentes a involucrarse en la defensa del territorio. Plantearon la defensa como una responsabilidad compartida que comienza por reconocer la relación que existe entre las comunidades, los ecosistemas y las decisiones que moldean el futuro de ambos.
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